El pasado 6 de noviembre el gobierno de Colombia y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) llegaron a un acuerdo sobre "participación política”, como parte de las conversaciones de paz. Esta es la primera vez que las FARC han puesto por escrito su compromiso a dejar las armas y que el gobierno ha reconocido la necesidad de mayores reformas democráticas. En lo que representa un avance importante, ambas partes han a su vez acordado que cualquier modificación deberá ser como resultado del debate público y una toma de decisiones democrática.

Humberto De La Calle, jefe del equipo negociador del gobierno, calificó el acuerdo como “una nueva apertura democrática”. Este hito en el proceso de paz es el segundo acuerdo dentro de los 6 puntos delineados en el Acuerdo General para la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera. El acuerdo sugiere que los negociadores del gobierno y los líderes rebeldes de las FARC comparten la necesidad de un cambio estructural para mejorar la calidad y la credibilidad del sistema democrático en Colombia, fundamento importante para el proceso de paz.

La democratización del proceso de paz

Las partes también son conscientes del desafío de democratizar el proceso de paz en sí. La construcción de la paz es tradicionalmente un proceso de paz no democrático en el que un pequeño grupo de personas, a puertas cerradas, discuten y toman decisiones que afectarán a la sociedad en su conjunto. Por lo tanto, los acuerdos de paz tradicionales atraviesan un déficit de legitimidad, lo cual hace que su aplicación sea un desafío aun mayor. El actual proceso sopesa 2 demandas contrapuestas: la necesidad de mantener la mención de cifras al mínimo en la mesa de negociación para aumentar las posibilidades de alcanzar un acuerdo, por un lado, y la necesidad de democratizar el proceso para ampliar su legitimidad y apoyo entre la población, por el otro. Este desafío se aborda de manera innovadora, desde conferencias que cuentan con la participación de una gran variedad de interesados hasta foros de participación pública que permiten la participación de la diáspora colombiana y que los ciudadanos presenten propuestas a la mesa de negociación.

Ante las actuales negociaciones de paz, la participación pública se encuentra presente en todos los documentos. Los debates en La Habana se centran en cuál es el mínimo cambio necesario, pero las discusiones más profundas sobre cómo lograr el cambio se dejan para debate y decisión de los actores sociales y políticos en Colombia. Esto abre el proceso, y lo hace más democrático y legítimo.

Las disposiciones del acuerdo sobre participación política consisten esencialmente en una lista de pasos a seguir para mejorar el espacio democrático en Colombia y, como establecen los delegados gubernamentales y los líderes de las FARC en una declaración conjunta, promover “una cultura de reconciliación, convivencia, tolerancia y no estigmatización”. El acuerdo convoca a todos los actores sociales y políticos a hacer recomendaciones al Congreso para que apruebe una nueva legislación sobre participación política, y para que cree mecanismos de supervisión y participación en el diseño y la implementación de los planes de desarrollo. También anuncia el establecimiento de una Comisión que presentará recomendaciones para que el gobierno lleve adelante reformas al sistema electoral. Todo será realizado con una perspectiva de género, que permita la participación de las mujeres, lo que aumentaría el espacio democrático para las mujeres. Esto responde a la recomendación principal realizada el mes pasado en la Cumbre Nacional de Mujeres y Paz.  

Oposición al acuerdo

Este último acuerdo ha generado gran controversia, y el anuncio de que las FARC se convertirán en un movimiento político al final de las negociaciones de paz posiblemente sea el aspecto más controvertido del mismo. Los críticos acérrimos, como el ex presidente Álvaro Uribe, son grandes defensores de tratar a las FARC como una organización terrorista y de responder primero con una acción militar. Se quejan de que el proceso de paz legitima a los insurgentes como adversarios políticos, lo que alegan no tener ante la mayoría de la población colombiana, y muchos temen que se les permita pasar de la selva al parlamento sin responsabilizarse por las atrocidades cometidas en el pasado. 

El acuerdo sobre participación política está realmente preparando el terreno para que las FARC realicen la transición de insurgencia armada a actor político. Pero el gobierno entiende que una solución pacífica a décadas de conflicto armado es la condición necesaria para el desarrollo social y económico, y que es mucho mejor tener a las FARC dentro del sistema político que contra él. El Presidente Juan Manuel Santos ha puesto en riesgo su capital político al decidir avanzar con el cuarto intento para encontrar un acuerdo político a casi cinco décadas de conflicto armado.

Al mismo tiempo, los defensores de los derechos humanos, los líderes de movimientos sociales, y las comunidades de indígenas y negros continúan sufriendo la estigmatización, el acoso, el desplazamiento forzado, y también las desapariciones y los asesinatos. Este es un indicador de los desafíos que enfrenta un estado que reivindica su compromiso con los principios democráticos. 

Varios temas de agenda en el Acuerdo General se superponen, lo cual es una de las razones por las que las partes acordaron que “nada se acuerda hasta tanto todo se acuerde”. Sin embargo, además del primer acuerdo sobre reforma agraria y desarrollo rural (alcanzado en mayo de 2013), las partes ahora han cubierto las dos principales dimensiones políticas subyacentes de este prolongado conflicto armado: reformas sobre las tierras y exclusión política. Por lo tanto, con esta salvedad, hay un muy esperado entusiasmo en el aire y renovadas esperanzas de que el nuevo acuerdo promoverá significativas reformas políticas y electorales que incentiven una mayor participación ciudadana, protejan el derecho a la protesta y al disenso, y fomenten la transparencia. 

Entonces, por ahora, las noticias son buenas. Las partes están de acuerdo sobre los principios esenciales y abren el espacio para el debate público sobre cómo aplicarlos.

Las conversaciones de paz colombianas no sólo están progresando; también innovan en la construcción democrática de la paz.

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Kristian Herbolzheimer es director de los programas para Filipinas [en Ingles] y Colombia en Conciliation Resources. Este artículo se publicó por primera vez en huffingtonpost.co.uk [en Ingles]

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